Guanajuato, Gto., 14 de enero de 2026 – La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato sostuvo dos mesas de trabajo para analizar iniciativas de ley en materia penal y familiar, con la participación de representantes de diversos órganos de justicia y derechos humanos.
Incremento de penas para delitos contra personas con discapacidad
La primera iniciativa busca reformar el Código Penal estatal para aumentar las penas en delitos como homicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, violación, robo calificado, violencia familiar, responsabilidad médica y tortura, cuando sean cometidos contra personas con discapacidad.
El diputado Ernesto Millán Soberanes, promotor de la propuesta, destacó que el 7% de la población guanajuatense vive con alguna discapacidad y subrayó la necesidad de visibilizar a este sector históricamente relegado para garantizarle un acceso a la justicia pronta y con perspectiva de discapacidad.
Sin embargo, representantes de la Fiscalía General del Estado, la Consejería Jurídica y la Procuraduría de los Derechos Humanos señalaron observaciones técnicas. Coincidieron en que el Congreso carece de competencia para legislar en delitos como secuestro, extorsión, trata de personas y tortura, ya que están regulados a nivel federal. Además, cuestionaron que la iniciativa no justifica suficientemente el incremento punitivo y propusieron que se aborden de manera integral los mecanismos de acceso a la justicia para este sector.
La diputada Susana Bermúdez Cano manifestó su desacuerdo con la propuesta al considerar que presenta vicios de inconstitucionalidad y no atiende las barreras estructurales que enfrentan las personas con discapacidad. Millán Soberanes reiteró la importancia de dotar de herramientas a las instancias de impartición de justicia y señaló que la iniciativa seguirá en análisis.
Incorporación del divorcio administrativo
En una segunda mesa, se revisó una iniciativa para reformar el Código Civil e incorporar la figura del divorcio administrativo. Este mecanismo permitiría a los cónyuges, mediante manifestación simple y acreditación documental, disolver su matrimonio ante un oficial del Registro Civil, siempre que no existan controversias sobre otros aspectos derivados del vínculo.
Se señaló que, de prosperar, la reforma deberá evaluar su congruencia con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y establecer una fecha de entrada en vigor, la cual no podrá ser posterior al 1 de abril de 2027.
En las mesas de trabajo estuvieron presentes los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor (presidente de la comisión), David Martínez Mendizábal, Ernesto Millán Soberanes, Rolando Fortino Alcántar Rojas, Luis Ricardo Ferro Baeza, así como las diputadas Susana Bermúdez Cano y Karol Jared González Márquez. También asistieron representantes de la Fiscalía General, la Consejería Jurídica, la Procuraduría de Derechos Humanos y asesores parlamentarios.
